Breve y casi invisible. Fue una noche sin luna en Pehuajó: alguien que conocía los atajos del alambrado dejó la puerta apenas entornada; un joven de 15 años que buscaba hacer unos pesos invadió la vivienda y palpó en la oscuridad hasta encontrar lo que quería. Lo agarró y se lo llevó a la fuerza. La víctima no se resistió. En pocos minutos pasó de mano en mano. Carretera, frontera y Uruguay. Nadie revisó demasiado. Nadie sospechó ni por curiosidad. Al llegar, alguien la fotografió con un celular: toda pituca y a las redes. Precio en pesos uruguayos. Comentarios que se borran rápido. Así comienza la segunda vida de Manuelita.

Así es como comienza, muchas veces, el tráfico de fauna ilegal en Uruguay.

Con frecuencia, las tortugas en los livings montevideanos son parte de una historia que empezó en otro lado: con captura clandestina, viaje irregular y venta sin papeles. Aunque pueda parecer menor frente a delitos como narcotráfico o trata de personas, el tráfico de animales es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDOC) y mueve cifras globales de magnitud similares. Según los datos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), genera entre 7.000 y 23.000 millones de dólares al año, y afecta a más de 4.000 especies en 162 países.

En ese mosaico global, las tortugas tienen un lugar propio, el 4% del total de las incautaciones.

En Uruguay, esa escala global se hace propia en escenas más pequeñas: una feria barrial, un grupo de WhatsApp, una publicación efímera en Facebook. Manuelita, como tantas otras, pasó de mano en mano sin documentos ni trazabilidad. Lo que para un comprador fue “un regalo para el hijo” o “una mascota simpática”, en realidad era un eslabón más de una cadena ilegal que empieza en los ecosistemas naturales donde habitan los animales silvestres y termina en los apartamentos urbanos.

TRES CATEGORÍAS DE ANIMALES MARCAN EL RUMBO DE ESTAS HISTORIAS: 

En Uruguay, la comercialización de tortugas está regulada hace más de tres décadas. El Decreto 164/996 prohibió la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre, un segundo decreto reforzó la protección de tortugas marinas, reconociendo su valor ecológico (Decreto 144/998) y finalmente en 2002 un decreto habilitó, con condiciones: la cría, tenencia y venta de algunos animales silvestres y exóticos, siempre y cuando provengan de criaderos autorizados, tengan su carné sanitario y elementos identificatorios (Decreto 186/002).

En ese esquema, si Manuelita fuera autóctona, su extracción constituiría una sustracción directa de la población natural y la haría ilegal; si fuera exótica, debería de contar con los permisos correspondientes para arribar al país; y si tuviera origen en un criadero habilitado —lo que no suele ocurrir— su tenencia podría considerarse legal, al menos desde el punto de vista judicial.

Sin embargo, la práctica revela que la mayoría de las tortugas que circulan en hogares uruguayos no tienen microchip, no tienen certificado de origen y no hay facturas de compra en criaderos habilitados: son ilegales. 

PARA ESO EXISTEN 2 POSIBILIDADES:

• Manuelita fue importada a Uruguay con su respectivo permiso CITES; que habilita el ingreso al país de ciertas especies amenazadas y reguladas para el comercio, con previa autorización de importación por parte del Ministerio de Ambiente, y un certificado veterinario de sanidad animal internacional, emitido en el país de origen.

•  Manuelita es un animal silvestre perteneciente a un criadero habilitado por el Ministerio de Ambiente y cuenta con las certificaciones correspondientes. 

Y sobre los criaderos, la información es confusa. Según veterinarios y ONG´s consultadas, en Uruguay existe solo un criadero habilitado para la comercialización de tortugas, el de David Fabius: el Centro Herpetológico Uruguay; espacio que además figura en el pedido de acceso a la información pública hecho por KARUMBÉ, ONG dedicada a la conservación de la biodiversidad y las tortugas, en 2019. Sin embargo, Hugo Coitiño, técnico de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE) del Ministerio de Ambiente, indica que en Uruguay no figura ningún criadero habilitado para la comercialización de tortugas como mascotas o animales de compañía. 

Un criadero habilitado lo que hace es generar toda la documentación por cada animal que posee: datos del criadero, de la persona, el lugar donde va a vivir, y del animal en cuestión (padres – que tienen que haber sido criados en un criadero – enfermedades, alimentación, etc). Además, se encargan de asignarles un número de identificación a cada uno para poder realizar un seguimiento y saber a dónde ir a buscarlo si es necesario. Irasema Bisaiz parte del equipo de ALTERNATUS,  Centro Educativo de Cría y Rescate de Reptiles, sostiene que sin documentación “esos animales no se tienen de forma legal en Uruguay” y en esa línea, valora la existencia de los criaderos como algo “positivo” porque ayudan a que criar animales sanos.

Alejandro Fallabrino director de KARUMBÉ, quien comparte con Mauricio Álvarez, director de COENDÚ, la visión de que los criaderos de animales en Uruguay suelen comenzar de forma ilegal y luego pedir los permisos.

Los criaderos, además de garantizar la trazabilidad,  tienen que proveer a los animales de un carné sanitario que certifica que no tiene enfermedades o patógenos -que pueden causarle problemas a la tortuga pero también contagiar al humano que lo tiene en cautiverio – y un permiso de tránsito y tenencia. Además el Ministerio de Ambiente también exige que la persona que figure en los papeles sea el dueño actual de la tortuga; lo que implica que si es un regalo o se hereda de un conocido, el nuevo dueño deberá realizar los trámites para figurar en el registro. Lo mismo sucede con los cambios de vivienda que se deben de actualizar, de lo contrario esa persona se convierte en un eslabón más de la cadena de tráfico. 

Pero Manuelita tuvo un arribo más silencioso: fue fotografiada y ofrecida en un grupo cerrado de Facebook por poco más de $6.000. Algo que las personas están dispuestas a pagar, porque si ella viniera de un criadero habilitado su precio podría llegar a ser en dólares, dependiendo la demanda. Esa desigualdad de costos hace que la gente se termine volcando por la tenencia ilegal, según los conservacionistas.

Los discursos de veterinarios, gestores, e incluso autoridades ministeriales, tienden a coincidir en que la demanda de mascotas es inevitable. En Uruguay el mercado existe y quienes están a favor de la existencia de los criadores manifiestan que con este sistema lo que hacen es abastecer la necesidad de manera responsable. Y aunque distintas ONG difieren en opinión, todos los actores coinciden en que no son la solución al problema.

“En los 90 todos tenían una tortuga” dice uno de los entrevistados, y no se aleja de la opinión profesional. Hace 30 años las veterinarias y acuarios aún vendían tortugas por el desconocimiento de la normativa, o aun conociéndola, recuerda Alejandro Pesqueira, veterinario.

Cuando el Ministerio de Ambiente comenzó a recorrer las veterinarias para controlar su comercialización, el mercado emigró a las ferias barriales, donde el intercambio sobre todo de los Morrocoyo – tortugas de tierra pequeñas – se intensificó. Hoy sin embargo, muchos de los puestos de mascotas evitan la presencia de tortugas; en la feria Tristán Narvaja ya no se venden, y ante la consulta los vendedores terminan indicando, casi con un susurro: en la feria de Piedras Blancas.

Pero, que ya no se vean tantas tortugas en la feria, no significa que el tráfico haya desaparecido. Sino que al igual que las normas evolucionan, las estrategias de tráfico también, y hoy se vuelcan a un universo poco regularizado en Uruguay: las redes sociales.

Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp: el mayor punto de descontrol. Grupos públicos o cerrados, lenguaje codificado y publicaciones que se comparten y eliminan a las pocas horas. Gente que publicita, pero no tiene y trae a demanda, para evitar ser pescado en su casa con los animales. Un mal que las ONG dedicadas a la protección de la fauna atacan desde adentro.

Tanto COENDÚ como KARUMBÉ relatan infiltrarse en estos grupos, aprender sus jergas, tomar capturas de pantalla y luego hacer la denuncia formal. Sin embargo, las ONG no pueden hacer mucho más que eso; una vez ingresado el reclamo, este queda desatendido en la órbita del Ministerio de Ambiente.

Y a partir de allí, el organigrama del proceso muestra la complejidad: las denuncias pueden ingresar por el Ministerio, por la Policía, por la Prefectura si se trata de fauna marina, o por la Aduana si la detección ocurre en frontera. Luego se abre un expediente, interviene la Fiscalía, que debe tipificar el reclamo y continuar la causa. La policía hace un operativo, incauta la tortuga y finalmente, el animal se deriva a una ONG, a un bioparque o a un zoológico. En el papel, cada actor tiene una función. La realidad, sin embargo, muestra que los recursos son escasos y la coordinación irregular. Las ONG manifiestan haber realizado más de 20 denuncias en 2024, sin embargo, Hugo Coitiño dice que desde el Ministerio no se realizó ninguna incautación. 

No es solo falta de voluntad, sino de personal y presupuesto. Federico Golin, veterinario en la Policlínica de Fauna Silvestre de la Facultad Veterinaria (FVET), reconoce que desde la DINABISE se hace lo posible por atender todas las denuncias, pero la inexistencia de refuerzos policiales a disposición influye en el incumplimiento de las incautaciones: “Entrar a una feria a sacar animales es a veces meterte con gente pesada (…) he escuchado historias de que los sacan a tiros” dice Golin.

Coitiño, agrega que la preocupación desde el Ministerio no es necesariamente la falta de funcionarios formados en fauna, como exigió en su pasaje como director de fauna hasta 2021 Jorge Calvino, si no que en “la ausencia de delitos relacionados al tráfico de fauna”. El técnico manifiesta que cada vez que se quiere realizar acciones concretas se deben de coordinar con Fiscalía y para ellos estos temas son “netamente administrativos”, lo que enlentece el trámite. 

Luego de su infructífero pasaje por las redes, Manuelita terminó en la feria de Piedras Blancas. El vendedor la tenía en una caja detrás del puesto, oculta entre los peces y pájaros, que tampoco puede afirmar cómo llegaron a sus manos. Un vecino que lo vio, decidió denunciar. Pero este es uno de esos desafortunados casos en que Manuelita sigue su tránsito por la economía informal y durante el día del niño un pequeño le pidió a su padre que le comprara la tortuga porque no tienen mascotas.

Lo que el pequeño no sabe es que esa tortuga no es domesticable, porque no fue criada en cautiverio. “Mucha gente cree que tener una tortuga es como tener un pez en una pecera. No saben que la ley lo prohíbe, que necesitan luz ultravioleta, dieta variada y controles veterinarios”, afirma Pesqueira

Las tortugas no son mascotas tradicionales: son animales silvestres o exóticos, dependiendo de su origen y comercialización; sin embargo, para muchos la diferencia es invisible. Se las llevan a sus casas con fondos grandes o apartamentos con terrarios, las sacan a tomar sol, le dan lechuga, tomate, zanahoria y se olvidan de ella durante la hibernación. Las pierden, desaparecen o se aburren porque no pueden generar un vínculo con ellas. Y esto sucede porque las tortugas no son capaces, biológicamente, de establecer lazos emocionales con los humanos: “No se puede proyectar sobre ellos el mismo vínculo que con un perro” dice Pesqueira.

La discusión de fondo es cultural. ¿Por qué se insiste en tener tortugas como mascotas? Las explicaciones sobre el deseo de tener animales no tradicionales, son tan diversas como individuos. Pero todos los profesionales coinciden: los patrones se repiten.

• PRACTICIDAD: una creencia de que una tortuga es más sencilla de mantener que un perro o un gato, que son menos demandantes y más económicas.

• COMPRA COMPASIVA: la necesidad humana de traer a la casa algo de la naturaleza, de rescatar al animal y/o contribuir a la mejora de la crisis climática.

En su nueva vida como mascota no tradicional, Manuelita fue de las desafortunadas de no contar con patio de juegos, sino un modesto balcón, y un día pasó por su momento más crítico: la visita al veterinario. Una tarde de verano Manuelita caminó de más, ´ ¿Manuelita a dónde vas? ´ con su paso tan audaz se cayó, su dueño la encontró en el parabrisas del auto de un vecino con su caparazón machucado y la llevó a una clínica. Allí, el veterinario enfrentó un dilema.

Florencia David, bióloga y veterinaria en KARUMBÉ, aclara que es una pregunta que se debe hacer cada veterinario, cada vez que le llega el paciente: “Muchas veces uno se escuda en el juramento hipocrático, que dice que debemos de velar por la salud del animal y atender a todo animal que llega. Pero si lo hacemos luego lo aconsejable es hacer la denuncia correspondiente”. Diversos veterinarios consultados, manifiestan que atienden sin preguntar demasiado porque prefieren curarla que dejarla morir.  

Golin agrega que la importancia del veterinario no solo está con la tortuga, sino también en la educación del propietario: “Primero tenemos que brindar la asistencia al animal. Después trabajar con la persona que la trajo para darle la mejor calidad de vida posible”

La consecuencia es práctica: muchos animales reciben cuidados puntuales y vuelven a la circulación sin que se active la fiscalización correspondiente. A veces por desconocimiento y a veces, como explica Pesqueira, porque si la denuncian las personas no vuelven más, y al final del día esto también es su negocio. Esa “zona gris” convierte a las veterinarias en un punto más de la cadena del tráfico. No solo como espacios de atención médica que no tienen obligación de verificar papeles, sino fomentando indirectamente la tenencia: vendiendo terrarios, alimentos y vitaminas para estos animales silvestres. El mensaje implícito es engañoso: si se venden insumos, entonces se pueden tener.

Si la suerte acompaña a Manuelita, su situación termina en una acción institucional. Pero la denuncia del veterinario queda perdida en el Ministerio y Manuelita regresa a su apartamento en Parque Rodó. El niño creció y Manuelita siguió allí. El niño se casó y Manuelita siguió ahí. El niño murió y Manuelita fue al funeral. Porque Manuelita puede vivir más de 80 años, y cuando ya nadie la quiso, cuando creció demasiado y su descendencia no la podía cuidar, comenzó el proceso de donación y Manuelita finalmente terminó en una ONG.

Allí se inicia un protocolo: cuarentena, análisis, tratamiento, evaluación para posible reincorporación a su hábitat natural. Pero   la reinserción no es automática. Una tortuga que pasó años en cautiverio sufre efectos fisiológicos y conductuales que hacen peligrosa y costosa su reintroducción. Los técnicos explican: una tortuga que vivió años en cautiverio pierde capacidades, puede traer patógenos, y si es exótica y se introduce en un ecosistema diferente puede desplazar a las especies nativas e incluso desequilibrar el ecosistema natural.

Según los responsables de las ONG que reciben tortugas, la mayoría «están mal cuidadas». Les faltan vitaminas, tienen fracturas, vivieron en acuarios improvisados. “La gente piensa que están haciendo lo correcto porque las alimentan con lechuga. Pero una tortuga necesita mucho más que una monodieta” aclara Florencia David, casi todas las tortugas son carnívoras, por lo que no pueden vivir solo a base de vegetales.

KARUMBÉ ha recibido más de 800 tortugas, la mayoría provenientes de incautaciones. ALTERNATUS, si bien no recibe, trabaja con el Ministerio para enviarlas a zoológicos municipales, que muchos han cerrado o reducido espacios, y a los bioparques privados. Pero hoy en día no alcanzan los recursos.

El mapa de refugios es escaso, el Ministerio trabaja principalmente con el Bioparque de Durazno, la Reserva Talice en Flores, y a la Reserva de Pan de Azúcar; pero aún así estos son pocos puntos de recepción para cientos de animales decomisados,  “La pregunta siempre es: ¿y ahora qué hacemos con estas tortugas?”, señalan desde KARUMBÉ, “No todas se pueden liberar. Algunas son exóticas, otras están enfermas, otras no sobrevivirían en el medio. Y no tenemos recursos ilimitados para recibirlas y conservarlas” agrega Fallabrino.

Federico Golin narra situaciones similares, donde desde el Ministerio de Ambiente o incluso desde el Ministerio del Interior llaman a la FVET para ver qué hacer con las tortugas que aparecen en incautaciones. Una vez, la INTERPOL apareció en la facultad con 2 tortugas, que habían encontrado mientras hacían un decomiso por otros delitos, porque el Ministerio de Ambiente les indicó que allí se podían ocupar del problema, y entonces quedó a cargo de las tortugas. Este esquema muestra la incertidumbre detrás de la normativa vigente: ¿quién se debe hacer cargo? ¿a dónde las llevan?

Los actores en la escena, ONG, veterinarios, biólogos, antropólogos, coinciden en tres ejes: trazabilidad (microchips y registros públicos), fiscalización especialmente en redes sociales, pero por sobre todo la reducción de demanda a través de campañas educativas.

Las ONG, cansadas de pelear contra una rueda que no se detiene, apuntan cada vez más a la educación. “No podemos parar el tráfico, lo que podemos hacer es que la gente entienda que una tortuga no es una mascota. Si baja la demanda, bajará la oferta”, dice Álvarez de COENDÚ.

Entre las propias ONG hay diferencias sobre cómo gestionar recursos y qué estrategias priorizar, sin embargo, en lo que todas coinciden es en la gravedad del problema: las tortugas no aparecen en las campañas más visibles, como los monos o los pumas, pero son parte constante del tráfico.

En el caso de Manuelita, su historia permitió revelar esas fallas operativas y también las posibilidades de intervención: una denuncia ciudadana, pruebas digitales y el trabajo conjunto con una ONG lograron, en este episodio concreto, un decomiso y la remisión a custodia especializada.

El mapa de instituciones es sencillo en la teoría, pero llegados hasta aquí, la foto que se arma es compleja en la práctica: “Se logra incautar, más o menos, entre un 2% – 10% de todo lo que se trafica” dijo Lucia Bergós, bióloga, investigadora y una de las autoras del informe “Caracterización del mercado ilegal de fauna en Uruguay” en 2023 en charla con En Perspectiva. 

Hay una base normativa que prohíbe la comercialización de fauna silvestre; existe una excepción regulatoria para criaderos; el mercado informal prospera a través de ferias, pero sobre todo redes sociales; los veterinarios atienden casos en zonas grises; las ONG cargan con la rehabilitación; y las autoridades, con registros fragmentarios, ya que depende quién haga el decomiso (Aduana, Prefectura, Policía Nacional, etc.) lo datos que anota del mismo y aún no logra encontrar una solución al problema.

**Todas las imágenes de las tortugas utilizadas a lo largo de la nota fueron realizadas con Inteligencia Artificial.

Mirá la entrevista en Osados a Federico Golin